La memoria política suele ser corta, casi amnésica, diseñada para devorar el presente con la misma rapidez con la que entierra el pasado reciente. Existe hoy un consenso casi unánime en las tertulias y los análisis de café que dicta que el espacio político que ocupó Unidas Podemos está completamente extinto, un mero accidente histórico que se disolvió sin dejar rastro en las instituciones del Estado. Esta narrativa es cómoda para sus detractores y reconfortante para quienes añoran el viejo bipartidismo, pero resulta profundamente inexacta cuando se analiza la arquitectura legislativa actual de España. La supervivencia de una fuerza política no se mide solo en su número de escaños actuales, sino en la capacidad de transformar sus propuestas más radicales en la normalidad burocrática del día a día de un país.
Quienes sentenciaron la muerte absoluta de este movimiento olvidan cómo funcionan los mecanismos del poder institucionalizado en el sur de Europa. Cuando la coalición irrumpió en el Gobierno de la nación en 2020, la ortodoxia económica comunitaria auguraba un desastre de gasto público y un bloqueo administrativo sin precedentes. La realidad demostró algo distinto. El salario mínimo interprofesional subió a niveles históricos, los ERTE redefinieron la gestión de las crisis laborales durante la pandemia y la legislación social española se colocó a la vanguardia europea en derechos civiles. Atribuir estos hitos exclusivamente a la corriente mayoritaria del Gobierno de coalición es ignorar la presión constante, interna y externa, que ejerció el socio menor para mover la línea de lo políticamente posible.
Yo observé de cerca aquellas negociaciones presupuestarias donde ministros técnicos chocaban contra la urgencia ideológica de un grupo de activistas reconvertidos en gobernantes. El verdadero legado de esa etapa no radica en las siglas ni en los liderazgos personalistas que terminaron devorados por sus propias dinámicas internas, sino en la mutación del debate público español. Antes de su llegada, la vivienda no se conceptualizaba en las Cortes como un problema de regulación de precios, sino como un bien de mercado intocable. Hoy, incluso los sectores más conservadores tienen que articular sus discursos en torno a la vivienda como derecho, un cambio de marco mental que habría sido impensable hace quince años.
Las Raíces de la Transformación Institucional y Unidas Podemos
El error de cálculo de los analistas tradicionales fue aplicar categorías del siglo veinte a un fenómeno netamente contemporáneo. Pensaban que la caída en las urnas significaba el fin de la influencia, una regla de tres simple que ya no aplica en la política de bloques hiperfragmentados. La huella administrativa de Unidas Podemos se encuentra firmemente asentada en los boletines oficiales, no en las encuestas de intención de voto. Las reformas estructurales en el mercado de trabajo, pilotadas desde el Ministerio de Trabajo, consiguieron reducir la temporalidad laboral a mínimos históricos, un cambio estructural que la Comisión Europea exigía y que los gobiernos anteriores no habían logrado materializar con sus recetas tradicionales.
El pragmatismo burocrático terminó imponiéndose sobre la retórica de las plazas, algo que los sectores más puros de la izquierda interpretaron como una traición. Yo sostengo que esa transición de la protesta a la gestión ministerial fue precisamente lo que salvó al país de una fractura social mayor durante los años de crisis sanitaria. Las estructuras del Estado demostraron una flexibilidad que los propios fundadores del partido cuestionaban en sus días de activismo universitario. Al asumir carteras clave, demostraron que las propuestas consideradas utópicas eran técnicamente viables si existía la voluntad política de redactar los reales decretos de manera minuciosa.
Las críticas de la oposición se centraron entonces en las formas, el tono desafiante y la supuesta inexperiencia de los nuevos cuadros técnicos. Es innegable que se cometieron errores jurídicos graves en la redacción de algunas leyes sectoriales, fallos que provocaron un desgaste político descomunal y fracturaron la confianza de los sectores moderados del electorado. Esos tropezones técnicos fueron el precio de legislar a contrarreloj y con una presión mediática asfixiante, pero no anulan el impacto a largo plazo de las normativas de igualdad o de protección a los colectivos vulnerables que hoy forman parte del corpus legal inamovible de la democracia española.
El Espejismo de la Desaparición y la Reconfiguración del Espacio Político
Los escépticos argumentan con datos electorales en la mano que la pérdida de presencia territorial en comunidades autónomas y ayuntamientos es la prueba irrefutable del fracaso del proyecto. Dicen que la marca comercial de la coalición quedó tan dañada por las disputas internas que su relevancia actual es nula. Este argumento confunde la envoltura con el contenido. La fragmentación de las siglas de izquierda en distintas facciones regionales y estatales no es un fenómeno de extinción, sino de dispersión de la energía política que antes se concentraba bajo un solo paraguas. Las ideas matrices siguen gobernando, aunque los rostros en el Consejo de Ministros hayan cambiado.
La dinámica del multipartidismo en España demuestra que el espacio a la izquierda de la socialdemocracia tradicional es una necesidad matemática para la gobernabilidad. Ningún gobierno progresista puede sostenerse en el Congreso de los Diputados sin asumir gran parte de la agenda que se fraguó en los años de mayor efervescencia de la coalición original. Los programas económicos actuales del Ejecutivo central son, en esencia, una continuación pulida y menos estridente de las exigencias que provocaban sudores fríos en la patronal bancaria en 2019. El impuesto extraordinario a las grandes entidades financieras y a las empresas energéticas es el mejor ejemplo de cómo una propuesta considerada bolchevique terminó convertida en una herramienta fiscal de uso común.
La paradoja del poder es que la asimilación por parte del sistema suele parecerse mucho a una derrota para los observadores superficiales. Cuando un partido tradicional absorbe las banderas de su competidor más radical para evitar perder centralidad, el competidor pierde votos, pero gana la batalla de las ideas. El panorama normativo laboral actual no se entiende sin esa tensión constante que obligó a los sectores más ortodoxos de la economía gubernamental a ceder terreno en favor de una mayor protección al asalariado.
La Lección Europea sobre la Gestión de la Disidencia
Lo ocurrido en España no es un caso aislado, sino el reflejo de una tendencia global en la Europa comunitaria donde las fuerzas de la izquierda transformadora se enfrentan al dilema de la gestión institucional. En Francia, en Alemania o en Grecia, los movimientos surgidos al calor de las crisis financieras sufrieron procesos similares de desgaste acelerado al chocar contra los límites reales de la soberanía estatal y las reglas fiscales de Bruselas. La experiencia española destaca porque logró mantener la estabilidad de un Ejecutivo de coalición durante una legislatura completa, rompiendo el mito de que la izquierda radical era intrínsecamente incapaz de respetar la disciplina institucional.
Los ministerios sociales gestionados por este bloque demostraron una solvencia administrativa que desarmó a los sectores que predecían el colapso del funcionariado. El diálogo social con sindicatos y empresarios se reactivó con una intensidad que no se veía desde los años noventa, logrando acuerdos tripartitos que dieron estabilidad al tejido empresarial en momentos de enorme incertidumbre internacional. La capacidad de sentarse a negociar con la patronal y firmar acuerdos conjuntos demostró que la madurez política se había alcanzado, a pesar de que el relato mediático prefería enfocarse en las declaraciones incendiarias de los fines de semana.
La resistencia del sistema democrático español a estas tensiones internas probó la solidez de las instituciones del Estado. No hubo la deriva autoritaria que anunciaban las voces alarmistas ni el desmontaje del sistema del bienestar que temían los sectores más desfavorecidos. Hubo, en cambio, una redistribución de las prioridades del gasto público que priorizó la inversión social sobre el rescate de sectores corporativos, estableciendo un precedente que será muy difícil de revertir para futuros inquilinos del Palacio de la Moncloa.
El Rediseño Definitivo del Futuro Político
El análisis desapasionado de este periodo revela que los mayores logros políticos suelen ser invisibles para quienes buscan únicamente la supervivencia de las siglas electorales. La verdadera victoria de un movimiento rupturista no consiste en perpetuarse en las instituciones con sus nombres propios, sino en volverse innecesario porque sus planteamientos más urgentes ya han sido adoptados por el conjunto de la sociedad. Las discusiones parlamentarias actuales sobre la reducción de la jornada laboral o la salud mental como prioridad pública son herederas directas de esa ruptura del consenso neoliberal que ocurrió en la década pasada.
La nostalgia por las grandes movilizaciones y los liderazgos providenciales impide ver que la política real se juega ahora en los detalles técnicos de los reglamentos, en las cláusulas de los contratos de alquiler y en las tablas salariales de los trabajadores de los sectores más precarios. El marco de lo posible se expandió de forma permanente, y esa elasticidad ganada es el verdadero patrimonio de la ciudadanía, más allá de los destinos individuales de los políticos que firmaron aquellas primeras actas de diputados.
La historia de las democracias occidentales avanza mediante estos impulsos correctores que sacuden las estructuras oxidadas de los partidos tradicionales, obligándolos a reaccionar y a actualizar sus contratos sociales con la población. Intentar evaluar el impacto de este fenómeno fijándose únicamente en la desaparición de un logotipo en las papeletas electorales es tan absurdo como juzgar el éxito de una revolución científica por el destino personal de los laboratorios donde se gestó el descubrimiento original. La política española cambió su eje de gravedad para siempre, y las leyes que hoy regulan la convivencia diaria son el testimonio mudo pero contundente de una transformación que ya no tiene marcha atrás.
La influencia real de una fuerza transformadora no se mide por su permanencia en el poder, sino por la imposibilidad de sus adversarios de gobernar como si ella nunca hubiera existido.
